Saca cumple condena de diez años, pero mantiene pendientes responsabilidades económicas con el Estado.
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, recuperó su libertad el miércoles 28 de octubre, luego de cumplir una condena de 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, relacionados con el desvío de aproximadamente $301 millones de fondos públicos durante su administración (2004-2009).
Un día después de salir del centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, el exmandatario se presentó ante el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, acompañado de su exsecretario privado, Élmer Charlaix, quien también recuperó su libertad tras cumplir su condena.
A su llegada al Centro Judicial Isidro Menéndez, Saca manifestó a los periodistas que estaba desacostumbrado a dar declaraciones. Sin embargo, al retirarse, expresó: «Dándole gracias a Dios, que ya recuperé mi libertad. Muchas gracias».
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su excarcelación mediante un comunicado y aclaró que las empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades vinculadas al caso continuarán bajo custodia y administración del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales correspondientes.
La institución también informó que, durante las revisiones internas de la actual administración, identificó un supuesto plan atribuido al entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, que contemplaba mecanismos legales para permitir que Saca recuperara su libertad antes de cumplir íntegramente la condena de una década, incluso antes de alcanzar la mitad de la pena.
Según la FGR, dicho plan fue desarticulado por la actual administración, que adoptó las medidas necesarias para evitar que se concretara.
La Fiscalía recordó que el proceso judicial que culminó con la condena de Saca fue estructurado y acordado durante la gestión de Meléndez.
En septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso al exmandatario cinco años de prisión por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos, mediante un procedimiento abreviado en el que confesó su participación en el esquema de corrupción conocido como «Destape a la Corrupción».
Durante su confesión, Saca reconoció que desde Casa Presidencial se estableció un mecanismo para desviar aproximadamente $301 millones de la partida de gastos reservados, fondos que fueron trasladados a cuentas particulares y utilizados, entre otros fines, para financiar sus empresas y adquirir 28 propiedades.
Además de la condena penal, el expresidente mantiene una responsabilidad civil de aproximadamente $260.7 millones por el daño ocasionado al Estado en este caso, así como otras obligaciones económicas derivadas de procesos judiciales por enriquecimiento ilícito.
Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Este viernes se cumplen diez años de su captura.
Aunque el exmandatario ya cumplió su pena de prisión, la FGR reiteró que los bienes vinculados a los procesos judiciales permanecerán bajo administración estatal.