Ortega blinda su poder con reforma que excluye opositores y alarga periodo
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que extiende a siete años el periodo presidencial y excluye de cargos públicos a opositores considerados “traidores a la patria”.
La reforma, impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, también aplica a diputados, alcaldes, magistrados, fiscal general, superintendente de bancos, jefe del Ejército y de la Policía. El artículo 47 reformado prohíbe la participación política de quienes promuevan sanciones internacionales, financiamiento extranjero, bloqueos económicos o intentos de golpe de Estado.
Más de 450 opositores desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos. Ortega, de 80 años, acumula tres décadas en el poder y en julio declaró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, reforzando las críticas sobre el rumbo autoritario del país.
Las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 se trasladarían a noviembre de 2027 si la reforma es ratificada en segunda legislatura en 2027. Con ello, el oficialismo consolida aún más su control sobre el sistema político y limita la participación de la oposición.
